La débil situación legislativa frente a los okupas en España es única en toda Europa, a excepción de Portugal. El movimiento okupa tiene su origen a finales de los años sesenta en países como Inglaterra, Holanda y Alemania. Se estima que son alrededor de treinta mil las personas sin techo en el Estado español. A pesar de que el comportamiento de las personas que ocupan ilegalmente un inmueble atentan contra el derecho a la propiedad privada, España se presenta como una paraíso para invasores.
La Constitución española recoge en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada, pero el estado podrá privar de ésta si considera que se puede atribuir a esa propiedad un interés social y procederán a la expropiación. Las consecuencias que sufren los propietarios viene dada por el Código Penal de 1995, donde se incluía el delito de usurpación de bienes inmuebles, con penas de entre tres y seis meses de cárcel. El problema viene cuando se intenta denunciar la ocupación, ya que la usurpación debe ser en un inmueble que no sea morada y un juez tiene que ver indicios de delito… Problemas de interpretación y vacíos legales.
«En España no se contempla ningún tipo de proceso que ayude a un propietario a que desalojen su casa»
Desde el punto de vista civil, en España no se contempla ningún tipo de proceso que ayude a un propietario a que desalojen su casa, repito, su casa. En el mejor de los casos vas a necesitar un abogado y mas de un año para intentar solucionarlo, ya que no se garantiza una tutela jurídica rápida y segura.
Si llevamos esta misma situación a otros países europeos vemos lo siguiente. En Inglaterra, ocupar una vivienda ilegalmente es delito penal, y la condena es de hasta seis meses de cárcel. En Italia, un propietario puede denunciar ante las autoridades la usurpación, y tras un juicio rápido el juzgado dará la orden para proceder al desalojo de los okupas, que además deberán pagar por los daños producidos. En Holanda, simplemente, se denuncia a la Policía la ocupación y esta los desalojará con una autorización judicial. En Alemania, en la ciudad de Berlín, las casas ocupadas deben ser desalojadas en un plazo de 24 horas después de conocerse la ilegalidad si el propietario presenta una denuncia.
La situación española frente al resto de Europa es muy grave. La única forma de abordar el derecho fundamental a la propiedad privada y la vivienda es modificar la actual legislación.
