La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha anunciado la apertura de una indagación interna para determinar si hubo irregularidades en la obtención del título en Derecho Administrativo Autonómico y Local de la diputada. El rector de la institución, Javier Ramos López, confirma a través de una nota de prensa el inicio de un procedimiento administrativo denominado “Información Reservada”, para aclarar lo sucedido, y diagnosticar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.
Este examen se ha decidido llevar a cabo debido a una modificación en las calificaciones de dos asignaturas cursadas en el año 2012, en el expediente de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, en el acta se cambiaron los no presentado por notables. Según la versión del organismo y del profesorado, el hecho de que se registraran dos materias sin evaluar en el boletín de notas fue a causa de un problema informático que ocasionó un “error de transcripción”.
El proceso, que está siendo ejecutado por la jefa de Inspección de Servicios, inspecciona también su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el que obtuvo una puntuación de 7,5, por una posible infracción. En el certificado, aparece como director Álvarez Conde y las tres profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. Por otro lado, Eldiario.es ha publicado que el tribunal que evaluó este documento “era presuntamente ilegal”, ya que conforme el reglamento de la URJC, uno de sus miembros tiene que ser «docente de otra cátedra» o un «experto» para asegurar la imparcialidad, y todos ellos tienen que ser doctores. Estos son los requisitos que asegura que no se cumplieron.
«Las explicaciones las tendrá que dar en todo caso la Universidad, que es quien comete este fallo administrativo»
Por último, Cifuentes no ha facilitado una copia del escrito, que trataba sobre El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana. «Supongo que estará en la Universidad», concluyó ayer en una entrevista en Onda Cero, mientras el centro educativo niega su entrega apelando a la Ley de Protección de Datos. No obstante, Ramos López argumenta que van a llegar al fondo de la cuestión y, por ello, continúan investigando, y garantiza que “su único objetivo ha sido, es y será trabajar por la excelencia y la transparencia de esta corporación”. El claustro con sede en Móstoles asume su responsabilidad de transmitir todas las aclaraciones cuando se disponga de ellas a través de los medios de comunicación.
