Save the Children, una organización que trabaja por los derechos de la infancia, publicó, el pasado mes de julio, un informe que destapa la situación de maltrato que sufre la infancia de Palestina por parte del ejército de Israel. Los abusos se realizan, sobre todo, durante las detenciones de menores. También a lo largo del enjuiciamiento y encarcelamiento. Según lo publicado en la investigación, el 71 % de infantes que pasaron por la detención lograron la liberación. Vicente Raimundo Núñez, director de Cooperación de la organización, explica el proceso de desarrollo del informe y el objetivo principal del mismo.
¿Cómo surgió la investigación? «El fenómeno del procesamiento judicial de menores palestinos por la justicia militar de Israel no es un fenómeno nuevo. La razón de ser del informe publicado está en otro. El primero que salió sobre este tema lo realizó Unicef. En el informe se documentó una serie de prácticas que no eran legales. Se hicieron recomendaciones y, desde Save the Children, que llevamos décadas trabajando en Palestina, hemos tomado el pulso a la situación. Lo que se denunciaba sigue sucediendo y hemos analizado hasta cuándo, hasta dónde y qué pasó con las recomendaciones de aquel entonces. Es una actualización del informe de Unicef de 2013» .
La investigación realizada contiene 228 testimonios de menores que han sufrido maltratos por parte del ejército de Israel, ¿podría explicar cómo llegó a esos testimonios? «Tenemos presencia en los territorios ocupados de Gaza y de Cisjordania. Ahí trabajamos con otras organizaciones locales. Hemos hecho un trabajo de campo con 228 menores, el 97 % son niños. Se ha hecho una mezcla de encuestas con grupos de entrevista. La pregunta es: ¿Cómo se consigue el acceso y que te respondan con honestidad? Porque tenemos legitimidad. La clave es la presencia continua que tienen estas organizaciones y Save the Children en la vida de las personas menores. Te permite poder sentarte a su lado y hacerles preguntas que no son agradables de contestar porque hacen referencia a situaciones muy delicadas y difíciles de gestionar».
«El problema es la puerta de entrada. La justicia militar no es apropiada»
¿Podría destacar algún aspecto común en las declaraciones que componen la investigación? «Que todo está mal. No existe ningún otro país del Planeta en el que alguien menor se someta a un procedimiento judicial a través de la justicia militar. Es importante aclarar que no estamos diciendo que una persona menor acusada por un delito no sea investigada. No negamos la responsabilidad civil o penal de menores, pero la justicia militar no es ni apropiada ni legal ni para hacer un procedimiento judicial en el que alguien menor sea objeto del mismo. Ese es el origen de todos los problemas: la puerta por la que entran, que es la justicia militar y condiciona los resultados. Hoy en día no hay ningún menor de la Tierra cuyo procedimiento judicial suceda en el seno militar».
Según las leyes internacionales, la detención de menores debe ser la última alternativa. En caso de detención, deben protegerse los derechos de los menores. Israel no cumple con esto, ¿de qué manera aspiran a erradicar esta situación de maltrato en la que, además, se violan los derechos humanos? «Quiero matizar que se puede proceder al arresto de alguien menor, pero bajo ciertas circunstancias, con derechos y un régimen jurídico apropiado. El militar no lo es. Si se les investiga o sanciona, que sea mediante la justicia civil. La infancia tiene que ser objeto de protección porque son más vulnerables. No somos un tribunal internacional para condenar a ningún Estado. Hemos constatado una realidad con la legislación vigente y con la Declaración Universal de Derechos de la Infancia. El proceso por el que pasan durante la detención, el enjuiciamiento y el encarcelamiento no es aceptable ni legal».
«Lo que se está pidiendo es una moratoria»
En las detenciones se les acusa de tirar piedras a los soldados o pertenecer a grupos terroristas. ¿Hay algo que demuestra que han cometido estos delitos? «Esas son las dos acusaciones más probables, en cuanto a cantidad de casos. Arrojar piedras a los soldados conlleva una pena de veinte años de prisión. Nadie debe minimizar el daño que una piedra puede causar. Sin embargo, la justicia militar no es la mejor para juzgar la repercusión del hecho. Veinte años de prisión son muchos. Hay que recordar que en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania todos los partidos políticos son ilegales. Demostrar que sea cierto o no es responsabilidad del procesamiento judicial que, además, debe cumplir con una serie de requisitos y garantías para analizar el delito y la pena que se debe aplicar».
¿Qué se sabe de las detenciones? «Sabemos que la mayor parte de las detenciones son en el domicilio familiar y se producen por la noche, entre las doce y el amanecer. Durante los arrestos hay un 42 % de niños que sufren heridas como, por ejemplo, impactos de balas y huesos rotos. Hay un 69 % que declara que durante la detención y el interrogatorio han sufrido tocamientos y hablan de violencia sexual. Muchos interrogatorios e investigaciones se producen con los menores desnudos. Un menor no debe ser sujeto a esto».
En la investigación se habla de recomendaciones que Unicef ha propuesto al Gobierno de Israel, ¿cuáles son estas recomendaciones? «Si el resto de países del Mundo tiene una serie de normas y sistemas para procesar la inocencia o culpabilidad de una persona menor, lo primero que se le dice a Israel, como se le diría a cualquier otro país, es que todo el Planeta tiene un consenso sobre cómo se debe hacer esto. Israel se distancia de esto. Lo que se pide es una moratoria. Que se deje de hacer y se respeten los derechos de la infancia y la legislación internacional».
«Las personas menores detenidas salen con traumas, estrés y miedo»
¿Se está penalizando a Israel por no cumplir con la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños que firmó en el año 1991? «Hay un consenso internacional que se puede ver en la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas en la que se tiene una opinión clara sobre lo que sucede en los territorios ocupados palestinos y la solución a esos problemas. El consenso es muy amplio. Israel ese consenso decide ignorarlo».
Cuando se produce la liberación, los menores presentan daños psicológicos, tienen pesadillas, insomnio, traumas… ¿Qué tipo de ayuda psicológica reciben? «Si a menores que, por definición, son muy vulnerables porque no tienen desarrollada ni su personalidad ni su físico, se les somete a un sistema que como mínimo es muy estresante y vulnera sus derechos, las consecuencias no nos pueden sorprender. Salen con traumas, estrés, miedos… Hay muchas organizaciones, Save the Children entre ellas, que tratan de revertirlas. Es largo, costoso y requiere de mucho tiempo y recursos. Tratamos de hacer la rehabilitación postliberación. Se pueden conseguir éxitos. El punto es que no habría nada mejor que esto dejase de pasar. La causa de este estrés debe desaparecer. Que tengan un sistema judicial civil garantista como lo tiene cualquier infante».
Tras registrar todo tipo de abusos y torturas sufridas, ¿de qué manera se ayuda a reparar los daños físicos? «Existen maneras de tratar de reparar el daño. Es una atención psicológica extremadamente especializada. Hablamos de experiencias vitales extremas. No cualquier profesional tiene la preparación para hacer frente a las causas y consecuencias de este tipo de situaciones. Es una terapia cara y larga. Es cierto que hay otras cosas que se pueden hacer como tratar de normalizar su vida, que tengan un entorno facilitador o volver al colegio, pero son medidas paliativas. No se tiene acceso a todas partes ni a todos los niños. No hay suficiente cantidad de especialistas. Si queremos solucionarlo, Israel debe aceptar una moratoria».
«Aunque cueste, las cosas sí pueden cambiar»
¿Confía en que la investigación realizada logre algún cambio? «La experiencia demuestra que las cosas cambian. Se necesita que quien tiene que cambiarlas tenga la motivación para hacerlo. Puede ser voluntario, que se rectifique por ética. Israel tiene mucha presencia internacional y tiene apoyos, ellos pueden tener un papel relevante para que cambie la situación. Hay mecanismos internacionales que se pueden aplicar. Soluciones hay, pero se requiere tiempo y que quien debe cambiar la conducta tenga la motivación para que deje de cometerla. A corto plazo este cambio no creo que llegue porque en los últimos diez años no ha cambiado y la sensibilidad con este tipo de problemas antes era mayor».
Y la sociedad, ¿de qué manera puede ayudar para acabar con este tipo de abusos? «Lo primero es que lo que sucede sea conocido. Después, hacer una valoración. A partir de ahí, quien tiene el poder para cambiar las cosas debe actuar. Hay foros y mecanismos para levantar la voz y hablar de alternativas. Todo es útil. El mensaje de que nada cambia no es correcto. Las cosas cambian, aunque cueste, pero sí que cambian».
