La implantación de un título oficial debe pasar una serie de evaluaciones de las agencias de calidad educativa, autorización autonómica y, por último, exposición pública. “Es laborioso todo el proceso, porque las titulaciones están obligadas a aprobar todas las fases”, asegura Cáceres. Cuando superan las pruebas, entran a formar parte del Registro de Universidades y Centro de Títulos.

“Es importante que tenga una demanda social”

Después de establecerse con carácter oficial, “para que salga con firmado por el rey y con el escudo español, es cuando esto requiere una elaboración de propuesta”, declara el secretario. La duración del procedimiento en el mejor de los casos puede ser un año y medio aproximadamente, desde su gestación hasta que al final se instaura y se oferta. “El tiempo del trámite depende del calendario académico”, confiesa Cáceres.

Seguidamente, la universidad debe calificar una viabilidad y enviar el documento a La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), quienes autorizan el establecimiento de este. Por otro lado, también remiten la proposición a La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), para que hagan su propia valoración y en caso de que sí sea favorable el resultado, ANECA, concede su introducción al catálogo de títulos de la comunidad autónoma.

“Mi campo de actuación es revisar la solicitud que preparan los responsables”

El planteamiento de las nuevas certificaciones sale de un centro educativo o una escuela, que serán los responsables de la docencia. “Si lo vas a ofertar en la Universidad, se necesita el respaldo del profesorado”, manifiesta el profesor. Además de todo esto, es esencial contar con recursos humanos y materiales suficientes. “Es una de las cuestiones que más revisan, para asegurarse que se imparta con unos mínimos de calidad”, comenta Cáceres.

1. La función de Cáceres como secretario de Titulaciones es corregir la elaboración de propuesta del diploma para que se haga una revisión, se modifiquen algunos aspectos, si es necesario, antes de mandarla a las dos agencias de calidad. Se lleva a cabo el mismo procedimiento para los títulos de máster, posgrado y doctorado. Finalmente, cuando se comienza a introducir, se hace un seguimiento, y las primeras promociones surgen al implantarse por completo. Los grados se renuevan cada seis años y los másteres a los cuatro.

En la actualidad, la Universidad de La Laguna cuenta con 97 titulaciones oficiales ofertadas. En este curso académico 17/18, el cual esta a punto de finalizar,  salieron cuatro másteres nuevos, tres de ellos en conjunto con otras Instituciones. Prontamente, saldrán tres más de Ciberseguridad e Inteligencia de Datos, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Innovación Comunicativa en las Organizaciones, además de un Doctorado en Ciencias Médicas y Farmacéuticas, Desarrollo y Calidad de Vida.

Para apoyar estas afirmaciones, el grupo aporta datos tras un análisis centrado en la transferencia del conocimiento, experiencia laboral etc. «Todos ellos han pasado por una media de 3,5 concursos públicos para optar a esta tipología de plaza, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

También, este colectivo ha pasado por distintas evaluaciones externas a nivel nacional o autonómico, lo que es garantía suficiente para fomentar su promoción a la figura de contratados doctores en condiciones de estabilización y sin más dilación, tal y como se establece en la legislación vigente, el Convenio Colectivo y el Documento de Ocho puntos de 2015 firmado entre la ULL y los sindicatos. La figura de profesor Contratado Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a contratado doctor, de carácter indefinido, debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, frenando las carreras académicas de los docentes universitarios y precarizando su situación laboral durante años. Tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la figura de Profesor Contratado Doctor.

«Sometimiento a múltiples y reiterados concursos públicos»

Este colectivo se queja del sometimiento a múltiples y reiterados concursos públicos de plazas, que no son de nueva creación tal y como establece la LOU, sino que constituyen una trayectoria pautada y sometida a acreditaciones, no sólo pone en peligro los puestos de trabajo de docentes que han dedicado años a la ULL en etapas duras de recortes y crisis, sino que viola sus derechos laborales de promoción establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. En ocasiones, esto genera un nocivo clima laboral, cierto feudalismo y una competitividad mal entendida, que afecta a la productividad académica, la salud y a las relaciones personales.

El colectivo recuerda, que antes de la nueva ley universitaria, bastaba con ser doctor y pasar una oposición para ser profesor titular o catedrático. Ahora, para ser un profesor con un contrato laboral indefinido (que no funcionario) lo normal, si se sigue una carrera académica, es pasar por tres concursos públicos y dos acreditaciones a nivel nacional o autonómico, una carrera que lleva desde aproximadamente los 24 años hasta los 50, media de edad a la cual se suele acceder a una plaza de funcionario (profesor titular) en un gran porcentaje de casos.

Las cifras de este colectivo con contratos temporales  son contundentes: el 60 % supera los 40 años, con una media de vida laboral de más de 18 años y el 84 % están acreditados por una agencia externa evaluadora, que no depende de la universidad, a la figura de Contratado Doctor lo que avala su calidad docente e investigadora.

Diálogo con el actual Equipo de Gobierno

Este fue el hilo conductor de la segunda asamblea del colectivo, celebrada este pasado lunes 21 de mayo ante una sala llena de docentes con contratos temporales de diferentes áreas de conocimiento. En esa asamblea, se expusieron las actividades llevadas a cabo durante estos meses y se planteó la hoja de ruta para el futuro, que pasan por el diálogo y el consenso con el actual Equipo de Gobierno de la Universidad. En la asamblea se matizó que no se trata de crear plazas de funcionarios para todos, si no de estabilizar al profesorado, que cumpla una serie de condiciones de excelencia, al igual que se ha hecho, en años pasados, con otras categorías docentes como las plazas de profesores colaboradores o las de profesores asociados a tiempo completo.

Aseguran, que esto mejorará la docencia y la investigación en la institución académica como está ocurriendo en otras universidades públicas españolas de gran prestigio. Recalcan, que un sistema tan precario no puede garantizar la calidad docente que es exigible a la universidad pública y acaba beneficiando a las universidades privadas, que no tienen problemas a la hora de contratar y disponer de personal indefinido en sus plantillas. De hecho, muchas de esas universidades se nutren del personal investigador y docente de excelencia formado en las universidades y centros de investigación públicos que no han podido estabilizarse y seguir con sus carreras académicas.

Existen ejemplos en otras universidades españolas donde se está llevando a cabo esta promoción del  profesorado que ya ha superado concursos públicos, vía acreditación, a figuras laborables estables, que no funcionarias, como por ejemplo la Universidad de Extremadura, la cual  consiguió subir 21 puestos en el ranking de las mejores universidades del mundo durante 2016. Actualmente en las universidades andaluzas y otras a nivel nacional se está trabajando en este sentido.

Modificar el procedimiento de promoción interna para acceder a contratado doctor

El colectivo reclama que se modifique el procedimiento de promoción interna para acceder a la figura de profesor Contratado Doctor una vez se supere una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o su equivalente autonómico, que en Canarias sería la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) para acceder a dicha figura docente.

Esta reivindicación, afirma la plataforma, «no pretende alterar el procedimiento de acceso a la función pública, que seguiría requiriendo un concurso público de oposición por parte de los candidatos”.

En concreto, las enseñanzas universitarias serán el Máster Universitario en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción; el de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria (ULL-ULPGC), además del de Intervención Social y Comunitaria (ULL). También se ha dado luz verde al Máster Universitario en Investigación en Filosofía, que también se impartirá en la Universidad de Murcia y  Zaragoza; el de Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad, el cual se dictará de igual forma en la Universidad Carlos III y la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, para la UFPC se ha aprobado el Máster en Gestión Sanitaria.

La ACCUEE emitió un informe positivo en la medida en que cumplen con los puntos establecidos en el Decreto 168/2008, de 22 de julio, que regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Precisamente, el Consejo Universitario de Canarias, en su reunión del pasado 18 de diciembre de 2017, informó de esta aceptación por parte de la ACCUE. También anunció su propuesta de conformidad para su implantación.