La primera parte de la charla tuvo como protagonista a la novela Utopía, de Tomás Moro (1516). Tomándolo como “una ruptura de la tradición cristiana”, esta obra supone “un punto de inflexión, puesto que reclama que la voluntad política ha de proporcionar la felicidad social en el más acá, y no en el más allá, como marcaban las doctrinas del medievo”, aseguró la ponente. Asimismo, al ser una corriente que bebe de la República de Platón “tiene un fin reformista mediante el discurso persuasivo, nunca utiliza la violencia y habla sobre la condición humana. Además, busca que la igualdad y la justicia sean factibles”.

La función de este género, tal y como explicó Sierra, trataba de explicitar una crítica al gobierno y lo caracterizaba por “tener la razón como fuente, desculpabilizar el placer terrenal y situar a la felicidad como el fin”. Esto se contrapone a “la realidad histórica habida y se construye una doctrina sobre la dignidad humana que evoluciona a lo largo del período renacentista”. De forma contundente la ponente afirmó que “el sufrimiento social se convirtió en una injusticia”.

Nacimiento de la literatura del pesimismo radical: miedo al futuro

Por otra parte y, adentrándose en el siglo XX, Sierra tomó Un mundo feliz de Aldous Huxley como ejemplo de la distopía que se ha producido durante esta época y de la que beben obras posteriores como 1984 de George Orwell, la aparición del Gran Hermano, la neolengua o el trasfondo político.  Todo ello, consecuencia de los “desencantos producidos tanto por la I y II Guerra Mundial como por la Revolución Rusa o la mejora científica que desmitificó la promesa de la mejora en el futuro”. A partir de este punto, la creencia que se extendió fue la de que “las utopías se tornaban en irrealizables, es más, se estigmatiza a la posibilidad de buscar otra opción y nace la literatura del pesimismo radical: miedo al futuro”.

Ejemplo de ello son series como Black Mirror, El cuento de la criada, Mr. Robot o La llegada: “la creación de mundos apocalípticos o de escenarios que toman la desigualdad y la catástrofe como únicos escenarios posibles”. Esto afectó a la opinión pública y, por tanto, se estableció el mantenimiento de los preceptos del status quo. «Para lo que podría haber pasado, estamos bastante bien ahora», finalizó la filósofa.

El próximo jueves 14 de diciembre a las 16.30 horas continuará la segunda tanda de conferencias a cargo de Álvaro Domínguez. En esta ocasión, la charla se titulará Contra lo convencional: la no violencia como método revolucionario y pondrá fin a la V Olimpiada Filosófica de Canarias.

Aponte, con un vehemente discurso, denunció que en la actualidad “todos los partidos políticos han trascendido a su idea primigenia y fundamental en la democracia, y se han orientado solo en los negocios”, la mayor parte de las veces, dijo, “en manos de los hombres”.

La catedrática venezolana puso en tela de juicio el papel actual que los partidos políticos, de toda orientación, han dado a las mujeres. “En muchas ocasiones las mujeres que ocupan altos cargos en las instituciones no son más que ficticios hombres honorarios, porque estarán de acuerdo siempre lo que aquellos le propongan, les indiquen o les designen”.

«No se quiere escuchar las voces de las mujeres comprometidas»

De esta manera no se cumple una premisa principal de la auténtica democracia, ya que según Aponte “no se quiere escuchar las voces de las mujeres, de mujeres comprometidas, éticas, con conocimientos y capacidad para defender sus posturas, lo que se evidencia en que no están presentes en los procesos de paz, en las negociaciones de salud o en las negociaciones internacionales”.

La especialista en Filosofía del Derecho concluyó acusando a los partidos políticos de cuatro “pecados” que los han convertido en lo que ella misma había denunciado como víctimas del sectarismo. Estos cuatro problemas son “el ego imperante en los círculos de poder, la codicia por el dinero, el terrorismo y el narcotráfico”, y afirmó que estas dos últimas circunstancias “se han apoderado de los estados de derecho, de las instituciones y de la democracia”.

Todo ello conduce a que se obtenga una verdadera “democracia sin demócratas”, en la que el papel de las mujeres lejos de mejorar, languidece, aseguró.

Griselda Gutiérrez

Por su parte, Griselda Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló de la lacra social de la violencia en su país, y con concreción a la referida a los crímenes sexistas, a la orden del día, fruto de un patriarcado que debe ser erradicado con interés por los gobiernos y las propias sociedades.

Esta erradicación pasará por aplicar soluciones desde todos los ámbitos de la sociedad, pero indefectiblemente desde la contemplación del problema desde arriba, porque, dijo, “a las mujeres nos están matando, no somos dueñas ni de nuestros propios cuerpos”.

Por lo demás, los casos de violencia de género en los conflictos armados, y el abuso indiscriminado sobre mujeres en riesgo por extracción social, sobre todo en grupos indígenas y rurales, fueron algunos de los aspectos que se debatieron a lo largo de este seminario en el que participaron Mónica Mazariego, investigadora del Instituto de Investigación y Proyectos sobre el Estado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; Cristina Sánchez, directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid; y Teresa Arrieta, catedrática de Universidad de San Agustín, Perú.

Según Téllez de Martínez, la oposición venezolana optó desde el primer momento por un escenario político en el que sólo existía cabida para el binomio amigo-enemigo, sin lugar a un espacio de confrontación política de diálogo.

La decana destacó que en esta situación de desbancamiento, «que nace incluso antes de que Chávez asuma el poder», participaron otros actores externos de alto poder: desde dirigentes internacionales, con Obama a la cabeza, hasta las campañas de mass media generadas desde el interior y el exterior. En este marco, añadió, «el pueblo venezolano asumió un papel protagonista basado en que las gentes permanecieron en pie, salieron a la calle, se manifestaron e irrumpieron en el espacio público quienes nunca tuvieron presencia política, debido, principalmente, a que la política contra el Estado se armó sobre el miedo, el rechazo y el odio”.

Una democracia participativa impulsada por las mujeres

Esta asunción de protagonismo político, dijo, se materializó en forma de “una democracia participativa, impulsada en primer lugar por las mujeres, que dieron lugar al verdadero poder popular”, alejado de esa guerra de baja intensidad basada en la “creación de acontecimientos por parte de las mass media” y como respuesta a otra forma de guerra no convencional.

La presencia, a raíz de la proclamación “falsa” de la renuncia de Chávez en abril de 2002, de estos movimientos participativos resilientes dio forma a lo que Téllez denominó la “civilidad de un pueblo”, un término prestado de Pierre Bordieu, que se ha consolidado ya en Venezuela.

En la actualidad, ultimó la ponente, «con el gobierno de Nicolás Maduro, esa civilidad resiliente se manifiesta a través de actores que no están contra el Estado, sino que van a transformarlo a pesar de las estrategias de derrocamiento continuadas. Todo ello, con el objetivo de hacerse con el petróleo o los minerales a través de un intervencionismo explícito de los Estados Unidos”.

La ponencia comenzó contextualizando el conflicto del país centroamericano, con 17 millones de habitantes, de los cuales, el 80 % es de ascendencia maya y, sin embargo, ha vivido cinco años de exclusión social y racismo por parte de las élites del poder.

Explicó que los dos hechos fundamentales del siglo XX en su país fueron, en primer lugar, la revolución de 1944, que trajo una incipiente democracia “truncada por EE. UU en 1954”. Por ello, en 1960 surge una guerrilla de raíz marxista, a la que se suma el componente indígena, de tal modo que “la guerrilla pasó a ser indígena y los indígenas, revolucionarios”.

Este conflicto se caracterizó por la fuerte represión del Estado, “que no dudó en cometer genocidio contra los indígenas”, de modo que 440 aldeas fueron totalmente arrasadas y unos 200 000 guatemaltecos, asesinados o desaparecidos. Sin embargo, el desarrollo del conflicto se enquistó hasta que ambas partes llegaron a la convicción de que ninguna de ellas iba a ser capaz de lograr una victoria, lo cual sentó las bases para un trato.

Sobre la mesa de negociación se plantó la necesidad de democratizar el país, lo que implicaba la reforma del Estado; la atención a los aspectos socioeconómicos de un país empobrecido; el reconocimiento de los derechos, historia y cultura de los pueblos indígenas; la redefinición del papel del ejército en una sociedad democrática; y la reparación de las víctimas. Todo ello, para configurar una nueva Guatemala que considerara su componente multiétnico.

El negocio de las oligarquías

Sin embargo, una vez iniciado el proceso, Ceto señaló que no encontraron como interlocutor a un Estado comprometido con la paz, sino a uno más preocupado por vender los bienes públicos, como la telefonía o el suministro eléctrico, para que las oligarquías siguieran haciendo negocio. Hubo tímidos avances legislativos que, poco a poco, fueron frenándose y, lo que es peor en su opinión, la población se inhibió, no fue combativa al respecto y, simplemente, dejó que eso sucediera.

Tras dos décadas del inicio del proceso, Ceto apuntó que ya se empiezan a ver signos de esperanza «porque desde hace dos años ha comenzado la lucha efectiva de la corrupción institucional, en parte, gracias a la influencia de una comisión de observadores internacionales que lleva trabajando en el país desde 1994 y, que ha sido ahora cuando ha empezado a ver resultados». Ya han procesado y encarcelado a un presidente y varios magistrados, ministros y alcaldes, algo muy necesario porque la paz, según el ponente, «sólo es posible con un marco institucional claro».

Comunidad indígena

Para el diputado, es importante la participación institucional de la comunidad indígena, no solamente por una cuestión de justicia, sino porque en estos años ha protagonizado la lucha por los bienes naturales y recursos del país. Una de sus luchas es que haya un reconocimiento de sus instituciones y un sistema de justicia propio, algo que el Estado no está dispuesto a aceptar porque sólo ve como válido el modelo judicial importado de Europa –pese a que actualmente está corrupto– y no comprende que pueda haber pluralismo jurídico.

Previamente a la intervención de Pablo Ceto, la coordinadora de seminario, Ángela Sierra, leyó el resumen de la ponencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Francisco Acuña Vizcaya, invitado al Campus América y que finalmente no pudo acudir. En su conferencia habló de los aspectos jurídicos de los acuerdos de paz de su país, que a su juicio son novedosos por poner en marcha un complejo sistema de reinserción y garantizar la no repetición del conflicto.

En la sesión, en la que participaron cuatro altos cargos del poder judicial en Colombia, se analizaron los procesos tan complicados por los que el país andino debe transitar en ese sendero de pacificación que se materializó el pasado año, y que ya tenía aproximadamente 26 años de historia. Más de medio siglo de situación bélica ha sufrido Colombia en una larga “batalla abierta” contra el movimiento revolucionario de las FARC, y que de manera paralela se ha contaminado con otro de los más graves problemas del país: el narcotráfico.

Según Carrillo estas circunstancias, aún en consolidación, pasarán por tener en cuenta factores como colaboración de la ciudadanía, gobernabilidad del poder judicial, descentralización del sistema, eficiencia en la administración de justicia y, sobre todo la ética en el ejercicio de la función pública.

Néstor Humberto Martínez, fiscal nacional de Colombia

El fiscal nacional de la República, Néstor Humberto Martínez, también presente en el seminario, aclaró cómo se establecen vías para “paralelizar” la justicia universal y la transicional, en un país con un alto grado de convergencia de conflictos. Martínez aclaró que “la Fiscalía General queda fuera de estas vías transicionales y adopta un papel meramente informador”. Sin embargo, esta peculiaridad confiere un elemento de más dificultad a la resolución judicial de los conflictos, ya que los actores implicados en la pacificación se ven inmersos con posterioridad a otros casos de delincuencia común.

Por otro lado, aquellos expedientes abiertos durante tantos años de enfrentamiento, más de 200 000, quedan a merced solo de ser documentación susceptible de aparecer en “informes de la fiscalía a este nuevo órgano acusatorio. El proceso de recopilación y elaboración de informes, aseguró en fiscal, se puede alargar más de dos años, y puede incluso trascender al actual gobierno, cuestión, la de los tiempos, también por resolver”, indicó Martínez.

La jornada se completó con un resumen histórico de la implantación de la justicia transicional a cargo de Marta Lucía Olano de Nogueira, presidenta del consejo superior de la judicatura; y María Victoria de la Calle Correa, exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia, que explicó la imbricación y puesta en marcha de esta justicia transicional y sus efectos en la democracia real de un país.