Con carácter general, se mantiene el período de exámenes oficiales de la convocatoria de enero, así como la fecha límite de cierre de entrega de actas, según lo dispuesto en el calendario académico 2021/22. Quienes se encuentren en situación de aislamiento domiciliario tras una situación de contagio por Covid-19, podrán examinarse en el segundo llamamiento.

La instrucción explicita que si persiste en aislamiento durante el segundo llamamiento, el profesorado responsable de la asignatura le convocará al examen en una nueva fecha, fuera del periodo oficial de exámenes de la convocatoria de enero. En todo caso, añade, se respetará el procedimiento y los plazos de revisión recogidos en el artículo 16 del Reglamento de Evaluación y Calificación.

Además, y al objeto de respetar la fecha límite del cierre de actas, el alumnado que se examine después del 9 de febrero aparecerá en acta con un No presentado (NP), de tal manera que, una vez examinado, su calificación se trasladará al acta a través del procedimiento de rectificación previsto para este fin, y regulado también en el reglamento ya citado, en este caso en el artículo 24. El documento indica que se establece el 25 de febrero como fecha límite para finalizar el procedimiento de rectificación de actas.

El Rectorado deja en manos de cada decanato determinar si los exámenes serán online o presenciales en función de la cantidad de alumnado matriculado en cada carrera y los espacios utilizables. «Me parece que es un poco idealista pensar que hay recursos humanos suficientes en la Facultad de Educación para acoger a miles de estudiantes que están en los grados y másteres. Puertas, ascensores, conexiones… para ir de un edificio a otro hay que atravesar pasillos muy estrechos», declara un integrante de la Delegación.

«Estamos en la época del sálvese quien pueda en todos los grados. O acatas, o suspendes»

Resalta que existe alumnado que se vio en la necesidad de rescindir su contrato de alquiler y regresar a su domicilio habitual debido al escenario generado por el virus, por lo que trasladarse a las aulas supone un gasto extra que no todas las familias pueden cubrir. Aún así, solo se puede tener en consideración a quien posea una justificación médica que acredite una condición de riesgo. «Estamos en la época del sálvese quien pueda en todos los grados. O acatas, o suspendes», afirma.

La premisa anterior también causa que, desde el inicio del curso, una parte del estudiantado se exponga a más peligro de contagio al pertenecer a dos grupos burbuja (agrupaciones con un número limitado de personas). La alta demanda en el Grado de Educación y en el de Pedagogía, además de la escasez de personal  y de infraestructuras, hizo que se les ubicara de forma automática en los turnos de mañana y de tarde.

A pesar de contactar con el Decanato, no les ofrecieron la alternativa de asistir a clase por internet cuando ir al aula se tradujera en inseguridad adicional frente al coronavirus. «Hay falta de personal en casi todos los departamentos. En las reuniones siempre dicen que están sobrepasados», destaca. Por otro lado, desde la Conserjería señalan que «no hay semana que no haya que mandar un escrito al servicio técnico» a causa del mal estado de los edificios.

En los criterios difundidos por la Universidad para llevar a cabo la docencia en las circunstancias actuales se especifica que la Institución no pretende convertirse en un centro de enseñanza semipresencial, sino de presencialidad adaptada, y que «se deberá procurar la máxima  posible compatible con las condiciones sanitarias exigidas». Según el Ministerio de Sanidad, «la probabilidad de contraer y propagar la Covid-19 crece con el aumento de la interacción de las personas». Los días asignados para las convocatorias «se romperán los grupos de convivencia» y no se podrá cumplir con el punto número uno de los principios básicos de prevención establecidos por las autoridades: limitación de contactos.

La Delegación cuenta con que el Decanato enviará el discurso al Rectorado para intentar llegar a un acuerdo. Aseguran que «el alumnado no quiere arriesgarse y que siente desconfianza e incertidumbre» ante la próxima jornada de exámenes. El estudiantado de tercero de Filología Inglesa ya mostró su desacuerdo publicando un comunicado donde se subraya el «trato injusto recibido». Es preciso recordar que la vacunación contra el Covid-19 no se ha efectuado en la población más joven. «¿Quién va a decidir si vamos a ser partícipes de la mejora de la situación pandémica en la Universidad de La Laguna y en la sociedad canaria o, por el contrario, un motivo de riesgo? Nadie se atreve», asevera.

Según los sindicatos, «el elevado número de convocatorias supone un coste adicional a la tan mermada administración universitaria y un exceso de trabajo administrativo y docente, que no repercute en la mejora del rendimiento académico ni en la calidad de la enseñanza».

Además, subrayan que «complica y recarga el calendario académico, impide mejorar la formación, la investigación y la transferencia (fundamentales para la mejora de nuestra posición en el ranking nacional e internacional de universidades) y dificulta el desarrollo de la triple función del PDI: docencia, investigación y transferencia del conocimiento».

Agravios comparativos respecto al alumnado de la ULPGC

En el escrito se apunta que «los distintos cambios normativos en las instituciones de educación superior a lo largo de estos años, junto con los recortes, han sometido al Personal Docente e Investigador a exigencias y presiones laborales y burocráticas cada vez mayores» y que en la ULL se «agrava con la anomalía de cuatro convocatorias (incluyendo marzo), más los respectivos llamamientos, que no sólo rompe la unidad del distrito universitario canario estableciendo agravios comparativos respecto al alumnado de la ULPGC, sino que nos distingue negativamente a nivel nacional».

Finalmente, destacan que estas convocatorias extras «favorecen a una minoría con peores resultados académicos, convirtiendo un privilegio en un derecho».