«Los pibes y pibas que acceden a la pornografía no lo hacen con la intención de violentar, sino de curiosear»

En España, la sexualidad es poco menos que un tema tabú. Cuando se trata, el subconsciente despierta el afán cómico y satírico de los individuos, llegando a banalizar la relevancia social del tópico. Para romper la enquistada costumbre, la socióloga Esther Torrado, junto a un grupo de profesionales de investigación de la ULL, dirigió un trabajo de divulgación respecto a la pornografía, su consumo interno y externo, y la necesidad de una actuación inmediata de los gobiernos. Por otra parte, la doctora en Sociología presenta un atractivo currículo en cuestiones de igualdad.

La inmigración masiva experimentada en Canarias a partir de 2006 animó a la investigadora a iniciar sus estudios de la trata de personas, pues asegura que no figuraban datos referentes a los trayectos migratorios de las mujeres. Por tanto, vinculó los fines de explotación sexual con la vulnerabilidad de las inmigrantes, condenadas a sufrir para poder subsistir. Así, surgió su interés en la defensa del feminismo y la condena del maltrato.

«Nuestras denuncias ponen en un brete al mercado criminal y a los Estados»

En su investigación, sus pesquisas evidencian la complementariedad del porno y el sexo de pago: «Gran parte de quienes demandan servicios de prostitución, lo hacen, a su vez, de pornografía. Es decir, tratan de escenificar sus fantasías visualizado los vídeos para personas adultas». De esta forma, Torrado agradece el papel de los medios de comunicación al difundir tales problemas e insertarlos en el primer plano de la opinión pública.

No obstante, matiza que la industria cultural, el arte, y los mass media trivializan, minimizan y normalizan la violencia. Como resultado, el fenómeno de OnlyFans y los reality show inducen a la hipersexualización o el culto al placer sádico. En consecuencia, se potencia la desigualdad de género.

En relación al ámbito lectivo, la doctora lamenta que «la educación sexual es la asignatura pendiente de nuestro sistema educativo y, aunque se instruya en los centros, el alumnado muestra su disconformidad con la formación ofrecida, pues la califican de superficial y deficiente».

«No quiero criminalizar a la juventud, pues es una damnificada más»

En cambio, la entrevistada añade que no solo es un deber de los colegios e institutos, sino también de la sociedad en su conjunto: «Es necesario transmitir, más aún desde la familia, que es inaceptable construir la sexualidad particular sobre el ensañamiento que se ejerza hacia los y las demás».

Por fortuna, la luz al final del túnel se aproxima con mayor rapidez, pues aquellos países que abolieron la prostitución experimentan una disminución del tráfico de seres humanos. Además, muestran su compromiso con las víctimas del negocio, ya que les ofrecen recursos para lograr una fructífera reintegración social.

Temas como la protección en Internet, el género en los delitos en la web de menores, el sexting (envío de mensajes sexuales) o cyberstalking (seguimiento de información sobre una persona) serán tratados a lo largo del programa por profesionales de diferentes ámbitos. Entre ellos, cabe destacar a María del Mar López Gil, responsable de Ciberseguridad de la Presidencia del Gobierno, y Fernando Miró, catedrático de Derecho penal de la Universidad Miguel Hernández. Así mismo, dentro de G-Crim Tech se expusieron charlas como “Violencia de género en adolescentes: Realidad en el uso de las TIC’s” y “ El género en la ciberviolencia en menores”.

La conferencia inaugural la desarrolló María del Mar López Gil, que declaró que “es muy importante que haya mujeres trabajando en temas de ciberseguridad relacionadas con la violencia machista, y que ocupen puestos de responsabilidad, porque seguramente aportamos una visión más comprometida”. Así mismo, aportó datos internacionales en los que afirmó que “ya hay más de 4 mil millones de usuarios de Internet y 3.196 millones de usuarios de redes sociales”. En cuanto a las cifras españolas, según el Ministerio del Interior, ha incrementado la ciberdelincuencia un 10,7 %, suponiendo un total de 66.586 casos durante 2016 y 2017. “De estos, el 17,2 % se corresponden con amenazas y coacciones a mujeres”, explicó López Gil.

En el acto también participó la portavoz de IAM, que destacó que el 100% de las jóvenes que atienden por maltrato machista han sido acosadas por las redes sociales, por lo que constata la importancia de este evento. Afirmó que “es la primera vez que se va a tratar la ciberdelincuencia de género tan a fondo por un centro superior andaluz”. Así, sostiene que es importante contar con protocolos y fomentar el uso responsable de las redes desde edades tempranas. Por otra parte, Cerezo explicó que esta infracción afecta de forma diferente a hombres y a mujeres y es por ello que hay que tratarlos de manera independiente.