Todo lo que rodea el panorama político y judicial redunda alrededor de la supuesta sede de la soberanía nacional que, según el artículo 1 de la Constitución: «Reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». No procede preguntarnos si tal precepto es efectivo, pues nos inundará una profunda decepción.

Sin embargo, a largo plazo nos producirá un beneficio intelectual indecible. Al fin tendremos consciencia del entramado gubernamental que nos somete cual corderos sumisos día tras día. Ojalá se tratara de la particular arenga que se desprende de la exitosa película V de Vendetta, y no de la realidad de una nación crispada por el populismo de sus gobernantes y la obsolescencia de sus pilares institucionales.

«El poder judicial radica en los caprichos del Legislativo y del Ejecutivo»

Incluso la separación de poderes de la que se presume en la Carta Magna es una utopía. Tan solo basta leer los títulos y artículos de la citada Constitución para percibir la descarada mentira que cala en la sociedad desde el 6 de diciembre de 1978. La judicatura, aparente dueña de su destino y actividad, está sujeta al beneplácito de las Cortes Generales.

Es curioso, a la par que perturbador, saber que el Congreso y el Senado configuran a su antojo la composición del Consejo General del Poder Judicial. No se levanten de sus asientos. Aún falta la guinda del pastel desestructurado que representa España. El colmo absoluto se materializa en la naturaleza de la figura del Fiscal General del Estado, que concierne a la propuesta del Gobierno y con la previa valoración de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

En definitiva, la representación del Ministerio Fiscal actúa con imparcialidad y es independiente. Aunque tal premisa se establece en su portal oficial, el propio Pedro Sánchez reconoció en una entrevista, en 2019, que esta depende del Ejecutivo que él mismo preside. ¿Se trata de un desliz o de una verdad subrepticia?

El tallo del carcomido y polvoriento árbol de la partidocracia se mantiene en pie gracias a la acotada capacidad de decisión de la población en edad de votar. Juan Manuel de Prada, reconocido escritor y articulista vasco, aseguró en 2019 que la génesis de este estado de partidos consiste en «la sustitución del mandato imperativo de la ciudadanía por la persona que lidera la formación». Es decir, la marioneta política utiliza los votos de su electorado a su merced, sin que este pueda revocar la confianza que, con anterioridad, confirió al candidato o candidata.

Se da la casualidad de que el cabeza de lista en las elecciones lo determina la presidencia del partido político. De este modo, el electorado no podrá depositar sus esperanzas en un diputado o una diputada en particular, a los que pretende elegir libre y concienzudamente. Al contrario, es la cúspide de la agrupación quien impone su orden sobre la preferencia de las personas votantes.

Quizá no logremos visualizar todavía la malicia inherente a la partidocracia. Aún seguimos renuentes a reflexionar, ser críticos y críticas y cuestionar todo discurso oficialista acerca de la democracia ¿Seremos capaces algún día de deslegitimar a un grupo de inmorales elitistas que nos cuesta cerca de 625 millones de euros al año? Vivimos en un quiero y no puedo, en un despotismo ilustrado remasterizado en el siglo 21: «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

“Nosotras hemos visualizado que desde hace un tiempo se ha ido acrecentado lo que denominamos como producción masiva de vulnerabilidad. ¿Y qué supone eso? La susceptibilidad a sufrir un daño”, explica María José Guerra.

Para la especialista constituye un problema más que preocupante por su prolongación hasta la actualidad y por la magnitud del impacto que ha causado. Además considera que las principales consecuencias, en los últimos año, han sido los recortes y  la reducción del gasto social que han ido desmantelando lo que se conoce como Estado de Bienestar que han atacado a la calidad del sistema público.

“Son cosas de las que hasta no hace mucho no hablábamos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto cómo se sigue contribuyendo a esa generalización y extensión de debilidad”, expone la docente. Un ejemplo de ellos es la negación, por parte de la Sanidad Pública, a los inmigrantes indocumentados del derecho a ser atendidos «a golpe de un solo click», cargándose entre 700 000 y 800 000 historias clínicas en 2012.

Otro ejemplo que Guerra observa de la propagación de fragilidad es la privatización de la educación superior. Afirma que hace unos cinco años no había universidades privadas en Canarias, pero actualmente hay un total de cinco en todo el archipiélago. O, por último, el dejar desprotegidos tanto al colectivo de discapacitados como a los ancianos, los cuales han visto mermada su movilización.

“Toda esa gente gozaba de una cierta protección, formaban parte de lo que se conocía como universalidad. No obstante, ese sistema dejó de ser universal y, por si fuera poco, no se evaluaron los riesgos que ello conllevaba para la población». Considera que al final se acaba incurriendo en la creación de una mayor desigualdad social, en la que la clase media se fragiliza, y en la que la pobreza y la precariedad se engrandecen.

Para la averiguadora, el motivo de todo este contexto tiene su explicación en la instauración de un sistema económico global, el capitalismo neoliberal, que solo tiene fijada como fin la privatización de todo lo que sea público. Asimismo, le ha proporcionado la posibilidad, tanto a ella como a generaciones anteriores y posteriores, de ser observadora de un cambio radical en la ciudadanía que tenía como pretensión avanzar en lo que a derechos sociales se refiere.

El secreto del triunfo de una investigación

Por otro lado, María José Guerra confiesa el secreto para que esta línea de investigación y otras tantas que ha desarrollado y llevado a cabo se consoliden durante años. A pesar de que, según la filósofa, la indagación en Canarias queda en mal lugar comparada con las políticas que se aplican en otras Comunidades Autónomas, y que las Humanidades y las Ciencias Sociales han quedado relegadas y desatendidas en los últimos años por las reformas educativas y la ausencia de inversión, la alianza termina siendo lo más importante.

“La clave está en la interdisciplinariedad, en contactar con compañeros de otras áreas. Trabajamos con diferentes enfoques metodológicos: éticos-políticos, desde la perspectiva comunicativa, con estudios culturales… De esa manera logramos conformar una comunidad donde todos aprendemos de todos, no dejamos de estudiar”, concluye.