La rectora, Rosa Aguilar, dijo que mientras sí se ha aprobado para una universidad privada, no para la ULL.  En este sentido, aseveró que «estamos a la espera de una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias para que nos aclare esta situación y nos explique a qué obedece este maltrato».

Por su parte, el vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, informó que este título se imparte en la ULPGC, con una demanda tal que por cada plaza hay diez solicitudes. El vicerrector explicó que la otra universidad pública ha entendido perfectamente la pertinencia de este título en La Laguna. «No estamos compitiendo, estamos coordinados», subrayó el vicerrector.

La presidenta del Consejo Social, María Dolores Pelayo, añadió que «no se entiende este atropello por parte del Gobierno» y recordó que la propuesta de este título fue aprobada por el propio Consejo Social, al tiempo que lamentó la constante entrada de centros privados en el territorio insular sin ninguna clase de cortapisas.

El Consejo Social manifestó así su «preocupación» por un «procedimiento inexplicable» en este asunto y dijo que se tomarán las medidas oportunas llegado su momento, tras una próxima reunión.

La elaboración de este documento se ha realizado en un contexto económico y social muy diferente al de años anteriores. Se trata de un texto que, tras arduas negociaciones, mantiene las mismas partidas del ejercicio anterior que, dada la actual crisis económica, constituye un reto importante, aseveró el gerente de la institución universitaria, Juan Manuel Plasencia.

El gerente indicó que se da un aumento importante en la presión sobre el gasto en relación con la pandemia, para hacer frente al reforzamiento del servicio de limpieza, la continuidad del programa de cribado a la comunidad universitaria o todas las medidas telemáticas para proseguir con la docencia telemática, además de otras nuevas necesidades que han afectado a la gestión y a los propios servicios.

Con respecto a 2020, se produce por tanto una variación al alza del 3,52 %, que tiene que ver con los cinco millones de fondos Covid que la Institución espera recibir a lo largo del próximo año. Además, el documento de previsión de ingresos y gastos está muy vinculado al plan de gobierno  y, a su vez, al plan estratégico. Así, se pretende llevar a cabo el próximo año un total de 148 proyectos, que atienden a un total de once millones y medio. Modernización de la actividad universitaria, la reducción del gasto que no contribuya al crecimiento de la universidad, el  aumento de la cultura preventiva o las medidas de virtualización de la docencia son alguno de los objetivos.

Coste estructural, un 86,14 % del gasto

Plasencia explicó que el coste estructural de la Institución se eleva a un 86,14 % del gasto. En ese amplio porcentaje se incluye el abono de nóminas, suministros, telefonía, limpieza y seguridad, lo que hace que la capacidad operativa de la institución para el próximo ejercicio sea del 23 millones y medio, es decir, tan solo del 14 % del presupuesto de gasto.

Desglosado por el capítulo de ingresos, las transferencias corrientes del Gobierno de Canarias suponen un 84,16 %, mientras que el porcentaje de previsión de ingresos por tasas y precios públicos ocupa 12,86 %. Por su parte, los ingresos patrimoniales suponen un 0,35 %, la transferencia de capital alcanza el 0,92 % y los activos financieros, el 1,67 %. Plasencia estimó que la matrícula de grados y posgrados se mantenga estable en el próximo ejercicio, pero sí parece que habrá una reducción importante en otros ingresos como los procedentes de la actividad deportiva programada, el alquiler de espacios, la celebración de cursos y seminarios, así como la reducción del aforo en los centros de alojamiento.

En cuanto al capítulo de gastos, el abono de nóminas al personal de la institución supone el 78,69 % de este capítulo, en gastos en bienes corrientes y servicios se prevé un 16,04 %, en inversiones reales se produce un incremento del gasto del 6,37 %, en gastos financieros se calcula un 0,11 %, en bienes corrientes y servicios se prevé un crecimiento que llega hasta el 16,04 % para seguir renovando aulas, duplicando el servicio de limpieza, más el desarrollo de estudios y trabajos técnicos y servicios informáticos, mientras que la parte de activos financieros y de pasivos se mantienen iguales.

Cancelación de másteres

Por otra parte, el Consejo Social autorizó un límite de un millón de euros para que puedan realizarse contratos negociados sin publicidad, de tal modo que si se supera ese límite se necesitará el acuerdo expreso del órgano colegiado. La propia interventora del centro académico, Corina Martín, señaló que estos supuestos están muy tasados, y que se hace uso de estos contratos para casos muy restrictivos que atienden a servicios de exclusividad, básicamente.

Además, informó de la cancelación del Máster Universitario en Medicina de Urgencias en su edición 2020/21 y del Máster Propio Educar en la Diversidad, también en la edición de este año académico, en ambos casos la escasez de solicitudes. Igualmente, se conformó el jurado de los Premios del Consejo Social para 2021 y, por otro lado, se aprobó la propuesta de migrar la red corporativa de este órgano a la de la Universidad.

La rectora Rosa Aguilar, hizo balance del primer trimestre del curso académico, que comenzó con un entorno de presencialidad adaptada, combinando la enseñanza presencial con la virtual, y que ha finalizado con el paso de toda la docencia a lo virtual, pruebas de evaluación continua incluidas, salvo las prácticas en empresa y las de carácter clínico, que se mantienen en el formato habitual. Señaló también la reciente aprobación de la Declaración de Emergencia Climática por parte de la institución docente, con un plan de acción anual que se pondrá en marcha de inmediato.

La presidenta del Consejo Social, María Dolores Pelayo, recordó por su parte la puesta en marcha de la iniciativa Encuentros con el futuro, que se ha inaugurado recientemente con una intervención telemática del expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y que proseguirá en 2021 con conferencias de importantes personalidades del mundo de la ciencia, la economía, el cambio climático, la cultura o la política en general.

Antes de la mesa redonda, el acto fue inaugurado por Antonio Martinón, rector de la ULL; María Elvira Afonso, decana de la Facultad de Derecho; y Antonio Domínguez Vila, profesor de Derecho Constitucional.

Martinón alabó la celebración de este acto y recordó el papel de los políticos que se convirtieron en “punta de lanza de lo que pedía la sociedad española” hace 40 años. Además, incidió en la importancia de los centros académicos, que ya desde aquella época aportaban mucho a la sociedad, algo que se hacía patente al ver que una parte de las personas que estuvieron al frente de la firma de la Constitución, eran profesores de universidad.

Obra humana

La firma de la Carta Magna supuso un antes y un después para la sociedad española, una situación que se logró gracias al consenso y el pacto de todas las partes que estuvieron presentes. Afonso recordó que la Constitución es una obra humana y como tal presenta imperfecciones, pero aun así no se debe minusvalorar la importancia que ha tenido a la hora de alcanzar una convivencia pacífica y democrática a lo largo de estos 40 años.

Por su parte, Vila no perdió la oportunidad de resaltar la figura de los canarios que estuvieron presentes en la firma de la Constitución. El profesor de la ULL señaló que este evento quería honrar a esas personas que tanto valor tuvieron a finales de la década de los 70, cambiaron la historia del país y hoy merecen un homenaje por parte de los jóvenes que han nacido y vivido en un lugar en el que reina la democracia.

Recordando una fecha histórica

Si hay alguien que puede contar lo que sucedió en la política española del 77 y 78, esos son Luis Fajardo Spínola y Esther Tellado Afonso, diputados en el Congreso en aquel momento, y María Dolores Pelayo, una de las seis senadoras que tenía la Cámara Alta a finales de los 70.

Los tres representaron a Santa Cruz de Tenerife y a Canarias durante la firma de la Constitución y fueron parte esencial en el proceso democrático, un momento en el que tenían una gran responsabilidad porque debían crear nuevas leyes democráticas para un país nuevo, tal y como reconoce Tellado. Fajardo recordó sus sensaciones al entrar en el Parlamento y poder constatar que fuerzas políticas con ideales muy distintos se habían puesto de acuerdo para constituir la Carta Magna.

Pelayo comenzó su intervención indicando que “el que recuerda la historia tiene la ventaja de no repetir los errores del pasado” y señaló que, en ese momento, la “legalidad” que venía de la dictadura ya no valía y tenía que cambiar. Sin embargo, indicó que no todo fue fácil puesto que se convirtió en una época con cierto peligro, pero que afortunadamente concluyó con la democracia que existe hoy en España. En este sentido, Fajardo también apuntó que se produjeron debates intensos, pero que a diferencia de lo que está ocurriendo en la actualidad en el Parlamento, no se alzaba la voz y mucho menos se insultaba.

La figura de la mujer

El papel de la mujer también fue un punto importante en la mesa redonda. Tellado señaló que en el Congreso no representaban ni el 10 % cuando se firmó la Constitución. Las mujeres en aquel momento buscaban el respeto de la sociedad y la igualdad, algo que, bajo el punto de vista de Pelayo, 40 años más tarde aún no se ha conseguido. Es más, la senadora señaló que mientras la sociedad no cambie, no será posible que se consiga esta lucha.

La reforma de la Constitución entró en el debate y los tres representantes canarios coincidieron en la necesidad de llevarla a cabo. Fajardo quitó hierro al asunto destacando que hay que “normalizar” la reforma de la Carta Magna, más allá de alarmarse por este tema.

Pelayo, por su parte, dejó claro que durante estos 40 años se ha vivido pacíficamente, pero que ahora se debe afrontar una reforma porque los tiempos han cambiado y concluyó diciendo que más que generando debates insulsos, lo que hay que hacer es plasmar las modificaciones de la Constitución en texto, como se hizo a finales de los 70.