Preguntado por las dolencias que se tratan con los elementos objeto de su estudio, García Arencibia señala que «actualmente, existen compuestos como el dronabinol y la nabilona, derivados del tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo del cannabis, cuyo uso está aprobado para el tratamiento de las náuseas asociadas a la quimioterapia y de la anorexia asociada a pérdida de peso en pacientes de sida». «También, se comercializa el Sativex, un extracto de Cannabis sativa, para el tratamiento del dolor asociado a la esclerosis múltiple», añade.

En cuanto a la situación actual y al foco de debate del uso de la marihuana como planta medicinal, el investigador  comenta que «es legal su uso en algunos países para tratamiento de insomnio, dolor, etc.», aunque destaca que «la evidencia para muchos de esos tratamientos no es suficiente aún». «Los cannabinoides actúan sobre unos receptores, a los que se unen de forma específica como una llave a una cerradura. Estos están en el cuerpo porque nuestro organismo fabrica sustancias que se unen a ellos, denominadas endocannabinoides, y que cumplen distintas funciones tanto en el sistema nervioso central, como el control del sueño, del apetito, de la coordinación motora, del dolor, de la memoria, etc., como en otras partes del organismo como el control de la secreción sebácea en la piel o la formación del hueso, entre otros», comenta.

«La seguridad y eficacia de estos fármacos está demostrada»

El recelo a la investigación y a la implantación de estos fármacos ocupa un espacio en los debates políticos y sociales. En el mundo sanitario, García Arencibia apunta que «cada vez hay menos, tanto por parte de los médicos como de los pacientes», aunque insiste en que «eso no indica que sea la panacea o que, a pesar de que tiene efectos positivos basados en la evidencia científica, pueda consumirse sin control obviando sus efectos nocivos». «La seguridad y la utilidad de algunos de estos compuestos está demostrada», sentencia.

España invierte 302 euros por persona en I+D, muy lejos de la media europea que se sitúa en los 622 euros. «Creo que las farmacéuticas, que son empresas, serán las que deban decidir si invertir o no en cannabinoides, ya que deben percibir negocio en ellos». Aun así, destaca que «hace falta que el Estado invierta mucho más, de modo que no se financien solo proyectos de grupos de investigación grandes y consolidados, sino que se puedan financiar también proyectos de grupos que están comenzando». «Hay que eliminar la endogamia que existe en nuestras universidades», concluye.

Este doctor del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética, es el único canario presente en la institución nacional que pretende ayudar a que, detrás de las decisiones políticas, haya siempre evidencias científicas y un conocimiento informado para, así, lograr acercar la ciencia a la cámara legislativa y a la gestión pública.

Una iniciativa ciudadana a favor de la ciencia

Ciencia en el Parlamento, apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es una iniciativa ciudadana independiente nacida de un pequeño grupo de científicos que hoy goza de plena robustez. Además, cuenta con el aval de más de un centenar de instituciones, el apoyo de todos los partidos políticos y el grueso de la comunidad investigadora y para cuyos primeros eventos ya hay más de dos mil personas inscritas.

La idea es introducir la ciencia en el quehacer diario de los políticos que conforman la cámara legislativa. Para ello, los técnicos asesores ya recibieron en el mes de julio el primer taller de preparación, que versó sobre asesoría y comunicación. En breve se celebrará otro acerca del funcionamiento interno de las cámaras parlamentarias, qué agentes interactúan con ellas y también realizarán ensayos contando con varios de los diputados que participarán en las jornadas de noviembre.

La ciencia podría ser la solución para la gestión de asuntos públicos

El sistema de trabajo sería formar una suerte de patronato de políticos y científicos, quienes identificarían un tema en el que la ciencia podría ayudar en la gestión pública. A partir de ahí, los técnicos de asesoramiento recopilarían un primer borrador del documento de evidencias y se reunirían posteriormente con casi una treintena de expertos en la materia.

Tras esas reuniones, el resumen del documento de obviedades se reduciría a no más de cinco páginas y sería revisado por profesionales independientes. Así, la primera promoción de asesores científicos parlamentarios prepararía una versión consolidada que sería presentada a los grupos políticos.