El programa consta de cuatro mesas redondas partiendo de la primera que es de reflexiones sobre el abandono del estudiantado universitario, la segunda se centra en análisis y conclusiones de proyectos en base al tema planteado. La tercera mesa redonda trata sobre sobre medidas para la mejora de la salida del alumnado y la cuarta mesa redonda sobre líneas y trabajos de investigación.

Un problema global

Álvarez incide en que las jornadas contarán con la participación de cuatro universidades, además de la ULL, entre las que se encuentran las universidades de Castilla La Mancha, Huelva, Santiago de Compostela y Zaragoza. A su vez, apunta que «el abandono académico afecta al conjunto de universidades a nivel mundial» y que «está directamente vinculado con los sistemas de calidad de la Institución universitaria».

Las ponencias están dirigidas a diferentes profesionales y alumnado relacionado con la Educación y con la Orientación en diferentes niveles educativos y se les otorgará un certificado de asistencia quienes asistan y participen en las actividades organizadas de manera presencial.

Pedro Álvarez contempla la posibilidad de continuar experiencias como estas para «seguir avanzando en un mejor conocimiento y tratamiento de este problema global y preocupante sistema educativo que afecta a todos los niveles».

Daniel Cerdán, comisionado de Trasparencia de Canarias, participó ayer jueves en una mesa redonda, junto a Miguel Ángel Acosta Rodríguez, secretario general de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y Crescencio Bravo, secretario general de la Universidad de Castilla–La Mancha, en el marco de la reunión CRUE de Secretarías Generales. En su intervención, destacó que las instituciones universitarias están viviendo en estos momentos “una crisis de credibilidad” originada por ciertos casos de fraudes académicos publicados en la prensa. La solución para el experto pasa por una mayor transparencia.

Durante su ponencia, Cerdán repasó su labor en el Comisionado desde su llegada en 2015, relatando los pormenores de los dos informes realizados hasta la fecha sobre los organismos públicos canarios en 2016 y 2017. Para elaborarlos se adaptó la herramienta Metodología oficial para medir la transparencia de las administraciones públicas (MESTA).

Las universidades públicas canarias sacan un 5,47 en transparencia

«Las universidades públicas canarias se hayan en el grupo prioritario y han obtenido una nota media de 5,47 sobre 10 muy por debajo de cabildos y los ayuntamientos más grandes del Archipiélago», contó el especialista. A pesar de la baja nota, obtienen una buena puntuación en lo referido a la publicación de sus datos institucionales; aceptable en materia organizativa, baja en datos sobre personal de libre nombramiento, aceptable en información de empleo público; mediocre sobre retribuciones, baja en normativa y muy floja en planificación estratégica.

Seguidamente, Miguel Ángel Acosta Rodríguez puso el énfasis en la necesidad de dar un paso más y mostrar los datos de una manera accesible para llegar a la rendición de cuentas, lo cual supondría poner a disposición de toda la sociedad información sobre cómo se han empleado los recursos recibidos, qué resultados se han obtenido y qué medidas correctoras se van a aplicar.

«La rendición de cuentas está relacionada con sociedades maduras, avanzadas y democráticas y, aunque en España parece una novedad surgida de la crisis, es un concepto extendido en Estados Unidos desde los años 80 y en Europa desde los 90», afirmó el secretario. En este sentido, recordó que en países como Dinamarca o Inglaterra se financia a los centros en función de resultados, por lo que este elemento es imprescindible.

Bravo: «La información debe ser accesible»

Cerró la mesa redonda Crescencio Bravo, quien explicó diversos modelos existentes para evaluar la transparencia institucional, algunos de ellos específicamente diseñados para el ámbito universitario.“Nos obsesionamos por publicar, pero luego la mitad de las cosas no se puede leer desde un teléfono móvil o no son accesibles para determinadas personas con alguna discapacidad: la accesibilidad hay que tenerla en cuenta”, reseñó el especialista.

Sobre los instrumentos generales para la evaluación mencionó el modelo dedicado a los ayuntamientos de la Asociación de Transparencia Internacional o el aplicado a países de la Red Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cuanto a los sistemas específicos para instituciones de educación superior, el más conocido es el de la Fundación Compromiso y Transparencia, que tras cinco años ha logrado que el 55 % sean transparentes. Otros procedimientos que citó fueron el de Dyntra, basado en una plataforma colaborativa, y el Ranking Web de Universidades, del cual criticó su excesiva dependencia del Google Scholar, que provoca inexactitudes.

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió una conferencia

El gerente de la Universidad Jaume I, Andrés Marzal, impartió previamente la primera ponencia del evento bajo el nombre La herramienta de gestión de derechos de propiedad intelectual para las aulas virtuales. El conferenciante centró su exposición en el uso de obras con derechos por parte de los centros universitarios españoles.

«Este asunto se ha convertido en capital, ya que muchas universidades han tenido que pagar millonarias cantidades a asociaciones como el Centro Español de Derechos Reprográficos, tras perder algunas sentencias judiciales», advirtió Marzal.

Como solución a esta problemática, el experto desgranó el módulo de gestión de documentos que han desarrollado en la Jaume I. En general, se trata de una herramienta de código abierto, basada en Moodle y pensada en la interoperabilidad, en la que los propios profesores son los que categorizan lo que usan en su aula virtual, incluso, con la posibilidad de hacer consultas a especialistas, en lo que a propiedad intelectual se refiere.

«Espero que en los próximos años más instituciones se suman, ya que es la única manera de llegar a tener licencias cruzadas», argumentó. A pesar de todo, la legislación vigente, aseguró Marzal, no es del todo clara y entidades como CEDRO, VEGAP, SGAE, entre otras, miran por sus propios intereses económicos.

En la primera sesión, moderada por Elisabeth Graham, interventora delegada del Parlamento de Canarias, participó en primer lugar Isabel Puente, jefa del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares, quien señaló que la contratación electrónica es un reto, y «supone un sistema de transparencia muy potente para las universidades”.

La normativa vigente exige que la contratación con la administración pública sea electrónica; “se trata de un cambio obligatorio, pero necesario”, sostuvo la ponente. “Tenemos que garantizar la seguridad en los procedimientos y la transparencia en la concurrencia de los licitadores, que tienen derecho a relacionarse con la administración de manera electrónica. El apego al papel y el escenario de incertidumbre pesa sobre muchos servicios universitarios”, explicó.

Modernización de los equipos

Para Javier García, auditor de la Universidad Castilla La Mancha, la contratación electrónica exige la adquisición de equipos de última generación, “no se puede hacer con equipos de hace cinco años”, al tiempo que es pertinente la alineación de toda la organización en torno a los nuevos procesos y nuevas formas de trabajar.

Por su parte, Guillermo Yáñez, de la Diputación Provincial de Soria, previno de la importancia de la contratación electrónica, que no tiene marcha atrás, dijo. Enfatizó la importancia de que el cambio lo lideren los rectores de las universidades, y de la oportunidad de compartir conocimiento. Yáñez señaló la pertinencia de comunicar los cambios en toda la organización, de que todo el mundo esté informado. El ponente apuntó que resulta vital la formación constante en este ámbito, y por eso abogó por la creación de comunidades virtuales para poner en común lo que se sabe, hablar y discutirlo.

Todos los participantes coincidieron en destacar que la contratación electrónica no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr mayor transparencia en los procesos de las organizaciones, al tiempo que más eficacia.