La aplicación de estas partículas de 90 nanómetros de tamaño (un nanómetro es la milésima parte de un metro) facilitará el diagnóstico de problemas hepáticos, pulmonares, cardiovasculares y diversos tipos de tumores. Pablo Botella, científico titular del CSIC en el ITQ, explica que “la obtención de imágenes de calidad tropieza con frecuencia con la falta de contraste y otros cambios asociados con las diversas condiciones patológicas que se intentan estudiar, lo que puede dar lugar a una pérdida de sensibilidad, además de dificultar el diagnóstico».

Para disminuir estas carencias se recurre a la administración intravenosa de agentes de contraste basados en quelatos solubles de gadolinio (Gd3+). Estos elementos hacen que ciertas estructuras o tejidos del cuerpo se vean diferentes a como se verían si este agente no hubiera sido administrado. Estos cambios son temporales y ayudan al diagnóstico clínico, pero el uso de estos productos puede estar desaconsejado en pacientes con alergias o con problemas renales.

Botella indica que “aunque el gadolinio mejora el contraste positivo de las imágenes (zonas claras), no influye prácticamente nada en el negativo (zonas oscuras). En este sentido, la utilización de una forma no soluble del gadolinio combinada con un agente de oposición oscuro evitaría estos problemas, y esto es lo que hemos desarrollado en este trabajo”. Es decir, el aumento de la intensidad de señal y del contraste mejoran la resolución, lo que permite al experto en radiología diferenciar claramente tejidos patológicos de artefactos y ruido de fondo.

El producto ya ha sido probado en animales y los resultados permiten apreciar que, tras la administración intravenosa de este nuevo agente, se produce una mejora significativa de los contrastes positivo y negativo en los tejidos donde se acumulan las nanopartículas. «Los resultados obtenidos sobre modelo animal», concluye el científico, «apuntan a una mejora variable en función del tejido que puede alcanzar hasta un 78 % de la intensidad de la señal en las imágenes de resonancia magnética, facilitando el diagnóstico clínico».

Temas como la protección en Internet, el género en los delitos en la web de menores, el sexting (envío de mensajes sexuales) o cyberstalking (seguimiento de información sobre una persona) serán tratados a lo largo del programa por profesionales de diferentes ámbitos. Entre ellos, cabe destacar a María del Mar López Gil, responsable de Ciberseguridad de la Presidencia del Gobierno, y Fernando Miró, catedrático de Derecho penal de la Universidad Miguel Hernández. Así mismo, dentro de G-Crim Tech se expusieron charlas como “Violencia de género en adolescentes: Realidad en el uso de las TIC’s” y “ El género en la ciberviolencia en menores”.

La conferencia inaugural la desarrolló María del Mar López Gil, que declaró que “es muy importante que haya mujeres trabajando en temas de ciberseguridad relacionadas con la violencia machista, y que ocupen puestos de responsabilidad, porque seguramente aportamos una visión más comprometida”. Así mismo, aportó datos internacionales en los que afirmó que “ya hay más de 4 mil millones de usuarios de Internet y 3.196 millones de usuarios de redes sociales”. En cuanto a las cifras españolas, según el Ministerio del Interior, ha incrementado la ciberdelincuencia un 10,7 %, suponiendo un total de 66.586 casos durante 2016 y 2017. “De estos, el 17,2 % se corresponden con amenazas y coacciones a mujeres”, explicó López Gil.

En el acto también participó la portavoz de IAM, que destacó que el 100% de las jóvenes que atienden por maltrato machista han sido acosadas por las redes sociales, por lo que constata la importancia de este evento. Afirmó que “es la primera vez que se va a tratar la ciberdelincuencia de género tan a fondo por un centro superior andaluz”. Así, sostiene que es importante contar con protocolos y fomentar el uso responsable de las redes desde edades tempranas. Por otra parte, Cerezo explicó que esta infracción afecta de forma diferente a hombres y a mujeres y es por ello que hay que tratarlos de manera independiente.

En concreto, los objetivos recogidos en esta convocatoria pretenden ser definitivos en la inclusión social. Entre los fines principales se encuentran la implicación de los centros académicos españoles en este proceso, el aprendizaje del colectivo afectado para favorecer su autonomía y preparación laboral y la dotación de experiencias para normalizar la participación de los jóvenes con discapacidad en la comunidad universitaria.

Por su parte, el presupuesto destinado a esta iniciativa de Fundación ONCE alcanza los 600 000 euros, siendo repartido entre las universidades asignadas con un máximo de 60 000 euros a cada una de ellas. Asimismo, la cantidad concedida por cada alumno participante en el programa oscila entre los 3000 y 4000 euros.

Los requisitos para convertirse en destinatarios últimos de estas ayudas son: tener un grado reconocido de discapacidad intelectual igual o superior al 33 %, una edad comprendida entre los 18 y los 30 años y estar incorporado al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Es el caso de La Universidad de Valencia (UV), que permite el cambio de nombre de los alumnos. Sin embargo, este acto supone un problema en cuanto a la tramitación de los títulos, ya que esta modificación no está reconocida legalmente.

Otro ejemplo es la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que se compromete con que el profesorado que imparta clases a estudiantes transexuales se dirija a ellos con la denominación que éstos deseen. De igual modo, la Universidad Politécnica (UPV) asegura que lleva tiempo aplicando esta norma con diversas acciones.

Por su parte, la Universidad Jaume I de Castellón ha puesto en marcha su segundo Plan de Igualdad, mientras que la de Alicante (UA) dispone de un apartado de diversidad afectivo-sexual con el fin de apoyar y satisfacer las necesidades personales de colectivos como el transexual.

A partir del establecimiento de la nueva norma, los organismos académicos se encuentran en la obligación de adaptarse al protocolo establecido por la Conselleria de Educación para la atención del alumnado trans, tal y como recoge la Ley integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género.

La UMH denuncia el importante desfase entre el número de alumnos matriculados y el número de posibles admitidos al periodo de especialización, ya que esto produce un aumento en la tasa de desempleo que obliga a los médicos a emigrar como han denunciado varias veces los Colegios Oficiales.

La declaración señala que “el número global de egresados de la carrera en el país alcanza los 7000 alumnos anuales”, cifra que supera la cantidad de plazas de MIR (prueba de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos en España) ofertadas en 2017: 6328 para un total de 13000 presentados. Además, actualmente España es el segundo país del mundo con mayor tasa de estudiantes en Sanidad por habitante, ya que existen 42 Facultades en el territorio nacional.

Por otra parte, a la hora de formar mejor a los profesionales, es necesario una serie de convenios con hospitales preparados para la docencia, y la Junta de Medicina de la UMH advierte que en la actualidad ellos tienen acuerdos suscritos con el Hospital Universitario Sant Joan d´Alacant, el Hospital General Universitario de Alicante, el Hospital General Universitario de Elche y el Hospital General Universitario de Elda. Por ello, la apertura de una nueva facultad en la provincia de Alicante supondría la realización de prácticas de menor calidad ya que se llevarían a cabo en centros no acreditados.

Así pues, la solución que propone la entidad de Elche es la inversión del dinero presupuestado para este nuevo grado en la mejora de las facultades existentes y, en caso de ver necesario el aumento de médicos, sugiere la ampliación de su oferta de matrícula, la cual tendría que estar acompañada de un aumento de las plazas ofertadas de especialización en el sistema MIR.