El debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable se ha reabierto tras el asesinato del niño Gabriel Cruz el pasado 11 de marzo. Esta pena lleva en disputa desde su aplicación «sin consenso en el 2014» por el Partido Popular, donde todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, se opusieron a ella llevándola al Constitucional en el 2015. Actualmente, Ciudadanos es el único partido de los que firmaron el recurso, elaborado por el PSOE, que, tras los recientes acontecimientos, ha cambiado su postulación: ahora está a favor de la condena y pide su endurecimiento.
Esta ley, dentro del Código Penal, está dedicada a unos pocos delitos, como son: que la víctima sea menor de 16 años, delitos contra la corona o delitos de genocidio, entre otros. Conllevarían entre los 25 a los 35 años de cárcel sin revisión y, una vez pasados estos, se consideraría a través de un tribunal la conducta del reo. En caso de que demostrara estar rehabilitado tras una serie de plazos y, si previamente ha logrado acceder al tercer grado, lograría su liberación.
La polémica reside en que en el 2015 todos los grupos políticos, menos el que la impuso, se comprometieron a su derogación tachándola de inconstitucional porque consideran que contraviene la prohibición de penas inhumanas (artículo 15.1 de la Constitución); vulneración de los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y, en consecuencia, el derecho a la libertad (artículo 17). Además, sería contraria al principio de legalidad penal (artículo 25.1) porque no es una pena determinada; contraria al mandato de resocialización (artículo 25.2 CE), por cuanto prácticamente restringe toda posibilidad de reinserción. Fijándonos en los datos y en las opiniones de expertos, lo que se está llevando a cabo es una cadena perpetua revisable.
Populismo como herramienta política
Actualmente, las familias de Marta del Castillo, Diana, Mari Luz, Candela, Amaia, Ruth y José, llevan a cabo desde la plataforma de recogida de firmas change.org una petición a la No derogación de la prisión permanente revisable que acumula 2 632 437 firmas. Su objetivo es que esta siga en funcionamiento después de que el 4 de octubre de 2017 se diese luz verde a una iniciativa para pedir al Gobierno su supresión.
Hay que aclarar que esta pena está en vigor en este momento, lo que no habría impedido, ni ha impedido, los asesinatos de Diana Quer ni de Gabriel, porque una persona cuando va a cometer un delito, como es el asesinato, no se plantea los años de prisión, sino el que lo descubran o no. Además, cabe destacar que desde que está en vigor solo ha dejado a un condenado, haciendo que nos cuestionemos si realmente el «propósito» de esta condena, como dice el Partido Popular, de evitar que se produzcan estos casos, se esté cumpliendo.
Lo que se está haciendo es una utilización populista del concepto de la prisión permanente revisable pues, poniendo el ejemplo de Ciudadanos, hasta hace muy poco defendía su abolición calificándola como “venganza” pero, a raíz de los acontecimientos como es que las encuestas declaren que el 80 % de la población está a favor de esta ley, ha cambiado su parecer y ahora, simplemente, no es que la apoyen, sino que exigen más crudeza.
Si a esto sumamos la utilización por parte del Partido Popular de las familias víctimas para conseguir su propósito, nos queda claro que lo que se está haciendo es una demagogia punitiva. Tal es así, que en las últimas horas Ruth Ortiz ha declarado ver «indignante, patético e insoportable» que el PP quisiera utilizar a sus hijos para politizar el acto del domingo en la Plaza de las Monjas (Huelva) para pedir la no derogación de la prisión permanente revisable.
Este tema se seguirá debatiendo y tendrá cada vez más peso en la sociedad, la manipulación que se está produciendo sobre los sentimientos de las personas seguirá hasta que se consiga el objetivo: que la prisión permanente revisable no se revoque. Mientras tanto, seguiremos cegados por nuestro «ojo por ojo», creyendo que lo que estamos creando es una sociedad más segura, más justa y más solidaria.
